Luego de varios días de incertidumbre que afectaron seriamente la operatoria portuaria y el comercio exterior argentino, el Gobierno Nacional anunció la suspensión del Decreto 690/2026 y alcanzó un acuerdo con los representantes del sector de practicaje para restablecer la actividad en los puertos del país.
La decisión pone fin, al menos de manera transitoria, a un conflicto que dejó más de 185 buques sin poder operar y provocó importantes demoras en exportaciones, importaciones y abastecimiento de combustibles. Además, ambas partes acordaron abrir una mesa de trabajo para revisar el contenido de la normativa y avanzar hacia una solución consensuada.
¿Qué establecía el Decreto 690/2026?
El Decreto 690/2026 buscaba modernizar el régimen de practicaje y pilotaje vigente desde 1991, incorporando una serie de modificaciones orientadas a incrementar la competencia y reducir los costos logísticos del comercio exterior.
Entre los principales cambios se encontraban:
- Apertura del registro de prácticos habilitados.
- Eliminación de restricciones para el ingreso de nuevos prestadores.
- Posibilidad de contratación directa por parte de armadores y agencias marítimas.
- Eliminación de algunas segmentaciones geográficas que obligaban a cambiar de práctico durante un mismo recorrido.
- Facultades para que la Agencia Nacional de Puertos y Navegación estableciera tarifas máximas.
- Flexibilización de determinados requisitos operativos.
Desde el Gobierno se argumentó que estas medidas permitirían reducir costos y hacer más competitivo el sistema portuario argentino.
¿Por qué los prácticos rechazaron la medida?
Los prácticos manifestaron que algunos aspectos del decreto podían afectar la seguridad de la navegación y las condiciones técnicas bajo las cuales se desarrolla una actividad considerada esencial para el ingreso y egreso seguro de los buques.
Entre los principales cuestionamientos señalaron:
- Cambios en los requisitos para la prestación del servicio.
- Modificaciones en las condiciones operativas.
- Riesgos asociados a una mayor flexibilización del sistema.
- Falta de diálogo previo con el sector.
Como consecuencia, el sector inició una medida de fuerza que paralizó gran parte de la actividad portuaria argentina.
El impacto sobre el comercio exterior
Las consecuencias fueron inmediatas.
Durante el conflicto quedaron sin operar más de 185 embarcaciones distribuidas en distintos puertos del país, afectando principalmente:
- Exportaciones agrícolas.
- Importaciones de insumos industriales.
- Operaciones energéticas.
- Distribución de combustibles.
- Terminales portuarias sobre la Hidrovía Paraná-Paraguay.
Diversas cámaras empresarias advirtieron sobre pérdidas económicas significativas debido a:
- Demoras en las cargas.
- Incumplimientos contractuales.
- Costos adicionales por permanencia de los buques.
- Congestión logística.
- Riesgo reputacional para Argentina como proveedor internacional.
Según representantes del sector agroexportador, el costo de demora de un buque puede oscilar entre USD 50.000 y USD 100.000 por día, dependiendo del tipo de embarcación y de la operación involucrada.
El acuerdo alcanzado
Tras varios días de negociaciones, el Gobierno y los representantes del sector lograron un acuerdo que permitió levantar la medida de fuerza.
Los principales puntos incluyen:
Suspensión del Decreto 690/2026
Mientras continúan las conversaciones, el Poder Ejecutivo resolvió suspender la aplicación del decreto que originó el conflicto.
Reducción del 20% en las tarifas
Como parte del entendimiento, el sector aceptó aplicar una reducción del 20% en las tarifas del servicio de practicaje.
Levantamiento del paro
Los prácticos retomaron inmediatamente sus actividades, permitiendo reanudar las maniobras de ingreso y salida de buques.
Mesa de trabajo
Se conformará una mesa integrada por organismos del Estado y representantes del sector para revisar los distintos aspectos de la normativa y buscar una solución definitiva.
La evolución de esta mesa de trabajo será seguida de cerca por importadores, exportadores, operadores logísticos y todos los actores vinculados al comercio internacional, ya que sus resultados podrían definir el futuro del régimen de practicaje y el funcionamiento de los puertos argentinos.
