El comercio exterior argentino atraviesa uno de los conflictos logísticos más importantes de los últimos años. La entrada en vigencia del Decreto 690/2026, impulsado por el Gobierno nacional para desregular el servicio de practicaje y pilotaje, desencadenó una protesta de los prácticos navales que ya afecta a más de 140 buques en distintos puertos del país.
La situación genera preocupación en exportadores, importadores, operadores logísticos, terminales portuarias y empresas energéticas. Mientras el Gobierno sostiene que la medida busca reducir costos y aumentar la competencia, los prácticos advierten que los cambios podrían afectar la seguridad de la navegación.
Qué establece el Decreto 690/2026
El Gobierno nacional decidió reemplazar el régimen vigente desde 1991 mediante el Decreto 690/2026, impulsado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado.
Según el Ejecutivo, el sistema anterior generaba costos excesivos y limitaba la competencia dentro de la actividad.
Entre los principales cambios se destacan:
Apertura a la competencia
Se eliminan diversas restricciones para el ingreso de nuevos prestadores al mercado de practicaje y pilotaje.
Libre contratación
Las empresas navieras podrán contratar directamente a los prestadores habilitados.
Tarifas más competitivas
La reforma apunta a que los precios sean determinados por el mercado, con intervención regulatoria limitada.
Menos segmentación geográfica
Se reducen las exigencias que obligaban a cambiar de práctico durante un mismo recorrido.
Nuevas alternativas operativas
En determinadas circunstancias, algunos capitanes con certificación específica podrán realizar maniobras sin necesidad de contratar un práctico.
El argumento del Gobierno: reducir el costo logístico argentino
Desde el Gobierno sostienen que el servicio de practicaje en Argentina posee costos significativamente superiores a los observados en otros mercados internacionales.
Según cifras oficiales:
- El practicaje de un buque Panamax en el Río de la Plata ronda los USD 16.900.
- La misma operación cuesta aproximadamente USD 4.500 en puertos de Estados Unidos y Polonia.
Además, señalan que algunas operaciones de practicaje en la Hidrovía pueden costar entre USD 50.000 y USD 100.000 por buque.
La administración nacional considera que la apertura del mercado permitirá:
- Reducir costos logísticos.
- Incrementar la competitividad exportadora.
- Facilitar el ingreso de nuevos operadores.
- Mejorar la eficiencia del sistema portuario.
La postura de los prácticos: preocupación por la seguridad
Del otro lado, las asociaciones que representan a los prácticos sostienen que el decreto afecta aspectos sensibles relacionados con la seguridad de la navegación.
Entre sus principales cuestionamientos destacan:
- La flexibilización de requisitos para ciertas maniobras.
- Los cambios en las condiciones operativas del servicio.
- Las modificaciones en los sistemas de traslado hacia los buques.
- El riesgo de incrementar accidentes, colisiones o incidentes ambientales.
Por este motivo, los profesionales decidieron suspender la aceptación de nuevos servicios, generando una paralización parcial del sistema portuario.
Más de 140 buques afectados
El Centro de Navegación (CNAV) informó que ya existen más de 140 embarcaciones pendientes de confirmación de servicios de practicaje y pilotaje.
La cifra incluye:
- Buques graneleros.
- Embarcaciones de carga general.
- Buques tanque.
- Operaciones vinculadas al sector energético.
- Tráfico de importación y exportación.
La preocupación aumenta porque cada día se suman nuevas embarcaciones programadas para ingresar o salir de los puertos argentinos.
¿Puede intervenir el Estado?
El propio Decreto 690/2026 contempla mecanismos excepcionales para garantizar la continuidad del servicio.
Entre ellos:
- La participación de la Prefectura Naval Argentina.
- La colaboración de la Armada Argentina.
- La autorización temporal de capitanes con certificación específica de la zona.
Sin embargo, su implementación práctica continúa siendo motivo de debate dentro del sector.
